La Comisión esta integrada por 15 miembros:

Dos magistrados, designados por la Corte Suprema de Justicia, de entre sus miembros;
El Fiscal General de la República o un funcionario del más alto nivel designado por este;
El presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos – COPREDEH-
El Director del Instituto de Defensa Pública Penal o un Funcionario del más alto nivel designado por este
Un representante del Ministerio de Gobernación del más alto nivel, designado por el titular del mismo
El Director General de la Policía Nacional Civil
El presidente de la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
Los decanos de las respectivas facultades de derechos de las Universidades San Carlos y Rafael Landivar
En su carácter personal, los ciudadanos Helen Beatriz Mack Chang, Rosalina Tuyuc Velásquez, Arnoldo Ortiz Moscoso, Romeo Tiu López y Jesús Gómez Gómez.

Esta comisión quedó formalmente instalada el 8 de febrero del año 2000 teniendo como objetivos y funciones, dar seguimiento y apoyo a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia contenidas en el informe “Una nueva justicia para la Paz”, así como las recomendaciones formuladas por el relator especial de Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados, en lo que corresponda; de igual manera, elaborar y gestionar cuantas propuestas y recomendaciones considere oportunas y convenientes, para el mejoramiento integral del Sistema de Justicia en Guatemala.

Con tales propósitos, la Comisión nacional presta su asesoramiento y servicios a los organismos y entidades estatales, internacionales, públicas o privadas que así lo requieran, especialmente a la Comisión Nacional de los Acuerdos de Paz y a las instituciones del y relacionadas con el Sistema de Justicia. El desempeño de todas estas tareas se realiza con total independencia de criterio.

La comisión Nacional se ha constituido en un espacio importante para continuar el impulso al proceso de reforma y fortalecimiento del Sistema de Justicia, para ello, ha generado una serie de espacios de diálogo, consenso y coordinación de acciones, por medio del trabajo en subcomisiones que, con excepción de la encargada de analizar el tema de Justicia Laboral, se encuentran conformadas de acuerdo con la clasificación de temas que contiene el informe “Una nueva justicia para la paz”. De esta manera, se cuenta con las subcomisiones de Modernización, Agilización y Transparencia, Acceso a la Justicia, seguridad y Justicia, Excelencia Profesional y Justicia Laboral; estableciendo además, subcomisiones ad hoc para analizar temas de especial importancia y otros espacios de trabajo especializados como la Mesa Nacional de Prevención de Linchamientos.

En estos espacios de trabajo se ha logrado la presencia de representantes de las instituciones del Sistema de Justicia, otras instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y el sector académico; cuyo resultado ha sido la consecución de importantes consensos que son remitidos a las instancias correspondientes.

En el desarrollo de sus actividades, la Comisión Nacional reconoce que los rezagos que experimenta el sistema de justicia de nuestro país son aun de enorme magnitud, lo cual tiene como consecuencia que el impacto de todas aquellas acciones encaminadas a dar el cumplimiento a lo establecido en los Acuerdos de Paz, se constituya en una tarea con un alto grado de dificultad. Sin embargo, dadas las características de conflictividad y poca cultura de dialogo que presenta nuestra sociedad, uno de los principales logros que debe destacarse lo constituye el incremento en los niveles de participación ciudadana y de los propios operadores de justicia, en el análisis y formulación de propuestas tendientes a la solución de la problemática que presenta el sistema.

En ese orden de ideas, tomando en cuenta que el seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe “Una nueva justicia para la Comisión Nacional, y dado que, luego de seis años de haber sido emitido y presentado ante las autoridades y público en general el contenido de dicho informe continua presentando una vigencia importante en el proceso de modernización y fortalecimiento del Sistema de Justicia, se estimo necesario realizar una reedición, que incluyera un anexo que reflejara en alguna medida los principales avances, estancamientos o retrocesos que presenta el Sistema de justicia, a partir de la emisión del informe antes mencionado.

De esa cuenta, la Comisión Nacional, con el apoyo del Programa Participación de Organizaciones de la Sociedad Civil en Materia de Reconciliación Nacional, Derechos Humanos y Justicia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con la cooperación financiera de los gobiernos de noruega y Suecia –apoyo que se agradece enormemente-, presenta la reedición del Informe “Una nueva justicia para la paz” elaborado por la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, incluyendo un anexo que contiene los comentarios a las conclusiones y recomendaciones emitidas en el mismo, que bajo su responsabilidad personal, elaboro el licenciado Carlos Rodolfo Paz Archila.

Se considera importante la inclusión del referido anexo, como un insumo más que contribuya al análisis, debate y reflexión de los problemas que actualmente enfrenta nuestro Sistema de Justicia, para luego formular propuestas tendientes a la solución de los mismos. El contenido de dicho anexo no agota la información, sino más bien la presenta de una manera generalizada, ya que para este propósito y como uno de los grandes aportes del proceso de paz en materia de justicia, al día de hoy se cuenta con numerosos diagnósticos especializados sobre la mayoría de los temas.

Como se afirmo en párrafos anteriores, el contenido del anexo en mención responde al trabajo y criterio del Licenciado Carlos Rodolfo Paz Archila, por lo tanto, el mismo no es de la responsabilidad institucional de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, ni tampoco de las instituciones que le proporcionan cooperación de todo tipo, así como del Programa antes mencionado que financia la presente edición.

La Comisión nacional desea aprovechar este espacio, para hacer público su agradecimiento a las entidades que a lo largo del trabajo, le han proporcionado su colaboración en todos los ámbitos, lo cual se ha traducido en la posibilidad de desarrollar sus funciones por más de cuatro años, siguiendo el camino trazado por sus antecesoras, la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia y la Comisión Ad Hoc para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia. En especial, manifiesta su agradecimiento a la Fundación Soros- Guatemala, la Agencia Sueca de Cooperación –ASDI -, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, Agencia del Gobierno de los Estados Unidos Americanos para el Desarrollo Internacional –USAID-.

Además del importante apoyo antes mencionado, la Comisión Nacional ha sido favorecida y agradece la colaboración brindada por diversas organizaciones públicas y privadas, que por medio de su asesoría técnica y la participación de sus profesionales expertos contribuyen con la Comisión en la construcción de “Una nueva justicia para la paz”.

Creación y funcionamiento

Como consecuencia del Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejercito en una Sociedad Democrática de 1996, cual forma parte de los Acuerdos de Paz, Firme y Duradera suscritos el diciembre de 1996, que establece que el Presidente promoverá la integración de una Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, se crea la Comisión de Fortalecimiento de Justicia a través del Acuerdo Gubernativo es el No. 221-97 de fecha 7 marzo de 1997.

Esta Comisión quedo instalada en marzo de 1997, fue integrada por doce personas quienes actuaron en su calidad de ciudadanos, no representando a ningún sector o institución y la labor desempeñada fue ad honore.

Como punto de partida, se realizo un trabajo de recopilación, síntesis y análisis de los diagnósticos, informes y estudios efectuados en Guatemala sobre la administración de justicia. Detectadas las carencias de información, se encargo la elaboración determinados estudios sobre temas específicos, respecto de los cuales no se hallo antecedentes suficientes.

En cumplimiento de su mandato, esta Comisión privilegio como metodología el debate amplio, destinado a recoger criterios y planteamientos existentes en la sociedad guatemalteca acerca de la justicia. Se realizaron más de cincuenta reuniones ordinarias y diez audiencias públicas, cuatro en la ciudad capital y seis en el interior de la República (Alta Verapaz, Quetzaltenango, Zacapa, Quiche, Sacatepéquez, y Peten) a las que asistieron representantes de organismos gubernamentales, organizaciones mayas, de mujeres y de defensa de los derechos humanos, cámaras, instituciones de investigación y educativas universitarias, organizaciones profesionales, organizaciones sindicales, y grupos preocupados por la aplicación de la justicia en Guatemala.

Por otra parte, se llevaron a cabo dos foros públicos, seminarios –talleres y un debate para discutir temas como la conciliación en la solución de conflictos en la administración de justicia en los pueblos indígenas, y Justicia y Gobernabilidad Democrática, estos en coordinación con ASIES y el PNUD, respectivamente.

El aporte de las personas e instituciones participantes en las diferentes actividades fue crucial para corroborar que “una de las grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco reside en el sistema de administración de justicia” y que “una prioridad a este respecto es la reforma de la administración de justicia, de manera que se revierta la ineficacia, se erradique la corrupción, se garantice el libre acceso a la justicia, la imparcialidad en su aplicación, la independencia judicial, la autoridad ética, la probidad del sistema en su conjunto y su modernización”. Tal como lo señala el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejercito en una Sociedad Democrática, al referirse al Sistema de Justicia.

A propósito de nuestro informe y Recomendaciones sobre reformas constitucionales referidas a la administración de justicia, esta Comisión de Fortalecimiento de la Justicia inicio un dialogo con la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia inicio un dialogo con la Comisión Multipartidaria de Reformas Constitucionales para presentar y sustentar las recomendaciones efectuadas. Producto de estos encuentros, que contaron con participación de la Comisión de Acompañamiento del Cumplimiento de los Acuerdos de Paz a la instancia multipartidaria recogió algunas de las propuestas; sin embargo, lamentablemente por razones que desconocemos las sesiones fueron suspendidas y no se logro agotar el análisis conjunto de las recomendaciones.

ACTIVIDAD 1
SISTEMA DE MONITOREO DE GESTIÓN:

Se ha identificado la necesidad de coordinar esfuerzos a lo interno de las instituciones, que redunde en un fortalecimiento y mejoramiento del planteamiento.

ACTIVIDAD 2
MESA DE MULTICULTURALIDAD Y GÉNERO

Debido a que mayoritariamente los pueblos indígenas y mujeres han sido considerados, “Grupos vulnerables”, se les da un tratamiento especializado.

ACTIVIDAD 3
MESA DE JUSTICIA AMBIENTAL:

Aportar a las instituciones del Sector Justicia, con la asesoría y apoyo logístico, para facilitar la acción en las áreas que posiblemente se deberán establecer vínculos que no existen

ACTIVIDAD 4
MODERNIZACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA

Continuar con la generación de cambios en la prestación del servicio de Justicia y acceso de la población a la misma, a través de la aplicación de estándares de calidad a favor del usuario.

ACTIVIDAD 5
DERECHOS HUMANOS

Retomar los compromisos del Estado en materia de Derechos Humanos, vinculados al campo de la Justicia.